Luis Felipe Chisco: El agro con Uribe es… tumbada segura

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Aunque lo que pasa con “Agro ingreso seguro” es un escándalo sin proporciones, no deja de ser un episodio más en la política económica de este gobierno.

Como ya es normal en este gobierno, los escándalos de corrupción son un pan de cada día, esta vez, el turno le llego a la muy golpeada agricultura de nuestro país.

Todo empezó en el ministerio de agricultura de Andrés Felipe Arias, cuando este crea el programa “Agro Ingreso Seguro”, según él, para reparar y blindar a los agricultores de la posible incursión internacional del TLC a nuestro país (si algún día llega) y reparar en algo el daño que se le ha hecho a los desplazados, lo cual, por obvias razones, resulto ser un agrio chiste. A la postre, nos hemos dado cuenta de la magnitud del “robo legal” que los funcionarios de ese ministerio le dieron al erario publico, y de cómo fue utilizado, tan descaradamente, para pagar favores políticos a los empresarios que apoyaron las candidaturas presidenciales de Uribe en el 2002 y 2006.

Si uno empieza a sintetizar todas las denuncias que han sacado los distintos medios de comunicación, encuentra por ejemplo, lo siguiente: la familia Dávila Voldano, propietaria del grupo DAABON, con amplia tradición empresarial en la costa, le “colaboro” a Uribe en su primera elección con $2.500.000 y dos de sus empresas, CI Samaria y CI Tequendama, financiaron la recolección de firmas del referendo cada una con $15.000.000. A cambio, Juan Manuel Dávila Jimeno recibió 445 millones de pesos y por medio de su empresa Agroindustrias JMD y CIA otros 442 millones, las empresas inicialmente nombradas recibieron cada una mil millones de pesos.

Pero Manuel Dávila fue mas allá, arrendó sus tierras a cada uno de los integrantes de su familia, de tal modo que cada uno solicitara un subsidio de manera independiente, así, su esposa María Clara recibió otros 440 millones, su hijo Juan Manuel 435 millones y su hija Ana María 448 millones. Incluso, la esposa de su hijo, la tan conocida ex reina de belleza Valerie Domínguez, recibió en arriendo 110 hectáreas de la finca La Faena por la que recibió un subsidio de 306 millones de pesos, como quien dice solo falto el perrito de la familia.

Otros “beneficiarios” fueron Jarol Abadía, quien dio $1.000.000 a la campaña de Uribe en el 2002 y recibió 123 millones de pesos de subsidio, la familia Lacouture dio a esa campaña $3.000.000, y ha recibido una suma de alrededor de los 5 mil millones de pesos, claro esta, utilizando la estrategia de los Dávila, fraccionando tierras entre todos los integrantes de la familia. También se encuentra Silvestre Dongón quien recibió 447 millones de pesos, y la familia Vives (conocida por los supuestos y famosos nexos de Luis Eduardo Vives con los paramilitares) que ha recibido la exorbitante suma de 13 mil millones de pesos.

Pero, en ultimas, lo que mas preocupa es el nivel de concentración y desigualdad que se presento en el programa, por ejemplo, solo en la costa, el 80% de todos los subsidios fueron a parar a manos de cuatro familias, mientras el 20% restante a 150 campesinos, que en muchos casos no eran subsidios sino meros créditos.

El problema de fondo

Aunque el presidente Álvaro Uribe ya manifestó su rechazo a lo acontecido con Agro Ingreso Seguro y, como a Samper con el proceso 8000, alego que todo ocurrió sin el conocimiento pleno de él sobre el asunto, existe en este gobierno una clara política neoliberal, por la cual se beneficia a los más poderosos del país, mientras se crean mas impuestos para los pobres.

Según la tesis del gobierno, mientras mas beneficios se les de a los mas ricos y a la inversión extranjera, estos tendrán mas capital, con lo cual será necesario la contratación de mas empleados, elemental, a los ojos de quien necesita la complacencia de ellos para mantenerse en el poder.

Pero la verdad es otra, después de siete años de gobierno, de escándalos como este de Agro Ingreso Seguro o como el de Carimagua, la desigualdad en Colombia no ha terminado por la simple confianza inversionista ni por el hecho de darles mas beneficios tributarios a los mas ricos del país, ¡no!, tampoco ha terminado por alargar cada vez mas la edad para pensionarse, ni por quitarle mas beneficios a los trabajadores que ganan el mínimo en nuestro país. Por el contrario, en siete años de gobierno, dentro de los cuales el país alcanzo a tener un crecimiento económico del 7% (que solo vieron los bancos, los grandes grupos económicos y las multinacionales), el país, según datos de la ONU, no ha reducido su nivel de pobreza y se mantienen en un 60%, ¡mas de la mitad de la población¡, y un 20% esta en la línea de pobreza absoluta, es decir, un poco menos de diez millones de colombianos que viven con menos de un dólar al día.

Decir que el gobierno debería replantear su modelo económico y empezarle a dar mas beneficios a los menos favorecidos no quiere decir que uno es parte de las FARC, o es comunista (tampoco seria la salida correcta) o legitimador del terrorismo, significa, simplemente, que las cifras hablan por si solas y los hechos cada vez mas me dan la razón, así, por el espejismo que ronda a una importante porción de la sociedad colombiana mi visión no sea tan popular.

Hay mi Colombia, cuando despiertes de esta anestesia te estrellaras con una fea realidad…

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