sábado, 24 de octubre de 2009

Una historia de censura e información comprometida


El despido por parte de El Tiempo a Claudia López es una clara muestra de que, por ganar la complacencia del gobierno y con éste el Tercer Canal, los medios no sólo sesgarán las noticias.

Una nueva pata le sale a esta película llamada “elecciones presidenciales 2010”, y es la de los medios de comunicación. Y es que cada día que pasa sin que se aclare el panorama del tercer canal en nuestro país, es un día mas en que las tensiones entre los interés de cada medio por la adjudicación de éste nuevo canal y las informaciones que le transmiten diariamente a los colombianos se irán sopesando con mas intensidad al paso del tiempo, con el nefasto peligro de que el gran sacrificado en esta disputa sea no sólo la información imparcial (la razón de ser del periodismo), sino también, la propia democracia.

El despido de Claudia López del El Tiempo es un claro ejemplo de aquello. Dice la columnista que El Tiempo, aunque fue el que saco la “chiva” del escándalo de Agro Ingreso Seguro por medio de su vecino en la Casa Editorial, la revista Cambio, sesgó el desarrollo de la noticia en el periódico.

Para sustentar su afirmación, muestra claros argumentos que, desde mi punto de vista, son lo suficientemente fuertes como para creer en la tesis que plantea la periodista:

1) En primer lugar, hace referencia a una pregunta que se le realizó a los lectores en un foro en internet. En aquel, se le pregunta a los foristas sí creen que Andrés Felipe Arias debía renunciar a su aspiración presidencial por el escándalo de AIS, se pregunta la columnista entonces, ¿Por qué no se preguntó en su momento, sí Juan Manuel Santos debía renunciar por el escándalo de los “falsos positivos”?, los cuales, añadiría yo, fueron casos de mayor vergüenza para el gobierno Uribe.

2) Consiguiente a esto, anota Claudia, el periódico le dedica toda una nota a las reacciones que dieron los foristas a la pregunta estipulada, nota, digo yo, que no tiene mayor peso en esta línea argumentativa.

3) Lo que sí tiene peso es el análisis que después realiza el periódico del escándalo AIS y sus posibles efectos políticos, llamado “Juan Manuel Santos Toma Ventaja Sobre Arias En Caso De Que No Haya Referendo Agroescándalo” .Los supuestos efectos que planteó el periódico son realmente una muestra de información sesgada.

Aunque utilizan un muy cuidadoso lenguaje periodístico (para que el lector no dude de la seriedad de la nota), afirman entre líneas que el único favorecido con este escándalo y con la afirmación de Noemí Sanín de calificar como “comprado” el referendo reeleccionista es, sorpresivamente, uno de sus socios, Juan Manuel Santos.

Me hago la misma pregunta que la columnista, ¿Con que argumentos afirma el periódico que Juan Manuel Santos es el único beneficiado con este escándalo y con las afirmaciones de Noemí? ¿Luego, no hay en contienda otra decena de candidatos que también se podrían beneficiar? Además, con que sustento el periódico alude a Juan Manuel Santos como el único candidato del partido de la U, ¿Luego, no hay un presidente con ambiciones reeleccionistas, que de pasar el examen constitucional, seria su mas posible candidato?

Quienes justifican el despido de la columnista (entre ellos, sorprendentemente, un compañero de este mismo medio), aluden que El Tiempo es una empresa privada que esta en el total derecho de sacar de su medio a quien ha “calumniado” y se muestra inconforme del periódico que le ha confiado su espacio. Aluden, como lo hizo Sergio Chiquillo, que “debió usar los conductos regulares internos para expresar sus quejas e inconformidad”. Incluso, en su columna, el ex director del periódico, Enrique Santos Calderón, fue tan osado en afirmar que, “la realidad es que los columnistas son de libre nombramiento y remoción. Suena feo, pero así es.”

Con toda determinación, tengo que decir que todos estos no son argumentos los suficientemente fuertes como para justificar este acto. El Tiempo no es simplemente una “empresa cualquiera”, hace parte (lastimosamente) del patrimonio histórico de nuestro país. Por lo tanto, no puede funcionar como una “empresa cualquiera”, cuando esta en juego el contenido de su información, que (lastimosamente) es el mas leída del país, todos los ciudadanos estamos en nuestro legitimo derecho de pedir explicaciones de fondo y no respuestas de una “empresa cualquiera”.

Claudia López dio sólo una observación que debió ser tomada por el periódico como un consejo departe de alguien que sigue confiando en una empresa que, a lo largo de su historia ha comprometido muy seriamente su información. Para ello, no debía discutir previamente el tema de su columna, ya que se supone que el néctar de estos espacios de opinión es la generación de la discusión y el debate, por consiguiente, el periódico no debió tomar esto como una ofensa y por ello despedir a la columnista, por el contrario, debió enriquecer la discusión respondiéndole a la periodista en ese mismo espacio con las razones por las cuales ellos consideraban que no habían sesgado la información. Prefirieron responder, muy sospechosamente, de la manera más autoritaria.

Y cuando digo que es sospechosa la actuación del periódico es porque, a mi parecer, su acto no se debió simplemente a la respuesta a una “calumnia”. Es claro que el periódico estaba perdiendo muchos puntos frente al gobierno con las duras denuncias que había realizado la revista Cambio respecto a Agro Ingreso Seguro, y eso no le favorecería en nada en su lucha por el tercer canal, ya que, en ultimas, es el gobierno el que lo va a terminar adjudicando (recordemos que ya, sospechosamente, no va a ser por subasta). Así que, como el que reza y peca empata, la mejor forma de no quedar tan mal frente al gobierno y de darle gusto a José Obdulio Gaviria, quien en columnas anteriores había pedido la cabeza de la columnista, era la despedida sorpresiva de un acérrima y analítica (como las que me gustan) opositora de Uribe. Lo único que estaba esperando el periódico era el primer papayaso que tuvieran para reivindicarse frente al gobierno, pero quien termino pagando los platos rotos fue Claudia López.

Hoy, como lo demuestra María Jimena Duzán en su ultima columna, casi la totalidad de las personas que manejan los principales medios de comunicación en nuestro país, están ligados de una manera u otra a la adjudicación de ese maldito tercer canal, y por ello, de alguna manera u otra no nos pueden garantizar que todas sus informaciones y actuaciones (como ésta) no podrían estar sesgadas e incluso comprometidas. Se debe detener la adjudicación de ese tercer canal y reanudar el proceso después de las elecciones que se avecinan, para garantizar la subsistencia de algo de información independiente.

Del aplazamiento de esta adjudicación, y de la no manipulación de la información que recibe diariamente el colombiano de a pie, dependerá el criterio con el cual el otro año, gran parte de la población decidirá el rumbo político nuestro país, y por consiguiente, la subsistencia de nuestra democracia.

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sábado, 17 de octubre de 2009

¿Eso, un secuestro?... jajajajaja


Aunque nunca estaré de acuerdo con las vías de hecho, así sean tan leves como lo que aconteció en la Universidad Nacional, afirmar que eso es un secuestro, es una broma muy peligrosa.

Con la sugerencia que acaba de realizar el presidente de la República a los jueces que llevarán el caso, para que procesen por secuestro a los estudiantes que retuvieron al rector de la Universidad Nacional, se pretende convertir una situación en algo que, aunque se realizó por las vías de hecho, no ameritaba que ni el presidente ni los medios de comunicación lo convirtieran en una especie de película, en donde los “malos” eran los estudiantes y los “héroes” eran los policías antimotines.

Eso si, como todo en esta vida, nada es ni blanco ni negro, aquí es bueno tener en cuenta ciertos aspectos que nos darán un mejor análisis de lo que aconteció en la Universidad más importante del país.

Primero, los estudiantes no solo de la Universidad Nacional sino de todas las universidades públicas del país están en su legítimo derecho de preocuparse por la situación económica por la que están atravesando gran parte de estas instituciones educativas. Y es que, desde que llego el presidente Álvaro Uribe al poder, ha habido una línea inversamente proporcional entre los recursos que se destinan a la guerra, a favorecer a las grandes multinacionales y su “inversión extranjera”, a las mas prestigiosas familias y terratenientes del país, y los recursos que se destinan a la educación, a la salud, a la creación de vivienda digna para los menos favorecidos, a la asistencia efectiva para la ya inmensa población desplazada, etc.

En el sólo campo educativo, este gobierno se ha dedicado simplemente a “amoldar” lo ya construido, es decir, a no preocuparse en la construcción de nuevos establecimientos educativos como colegios, universidades o instituciones técnicas (como es el SENA) o tecnológicas, ni en el mejoramiento de la calidad educativa: con nuevos planes de investigación, con una mejor capacitación a los profesores, con inversión en ciencia y tecnología y su aplicación en la misma educación; y por el contrario, solo se ha preocupado por mantener, con los pocos recursos que le dedica a la educación, las misma infraestructura de hace muchos años.

Es en este contexto que los estudiantes manifiestan su preocupación en todo el país, ya que, aparte de lo nombrado anteriormente, el gobierno pretende incluir dentro de las responsabilidades de la universidades públicas las responsabilidades pensiónales de maestros y demás funcionarios del sector universitario. Además, los estudiantes quieren que, con toda razón, el Congreso de la República apruebe un alza del 8% en la partida presupuestal destinada a las universidades públicas.

Y segundo. Aunque los estudiantes tienen razones de sobra para manifestarse en contra de las políticas del Presidente Uribe, a mi forma de ver, no se justifica de ninguna manera, que la forma para manifestarse sea empleando y utilizando las vías de hecho o la violencia, estas, desde cualquier punto de vista, son inaceptables.

Los estudiantes de la “nacho” deben aprender de la experiencia que nos ha dejando lo que ha pasado en Venezuela, en donde, a pesar de las continuas restricciones que ha impuesto el régimen de Chávez a la movilización estudiantil, estos siempre han utilizado la vía pacifica y democrática para manifestarse en contra de su presidente.

Lo que pasó en la Universidad Nacional, desde mi punto de vista, es un claro ejemplo de lo que los estudiantes NO deben hacer. Con estas actuaciones, lo único que están logrando es que la sociedad tenga una mala visión de ellos y no los escuche en sus peticiones, además de dar argumentos para que el presidente salga a decir, un día de estos, que son unos terroristas.

Irónicamente, mientras ellos estaban exigiendo que se les proporcionara su efectivo derecho a la educación, le violaron a otro ser humano su derecho fundamental a la libre locomoción.

Eso si, no puedo estar de acuerdo con que ahora se tilde a los estudiantes de secuestradores, en ningún momento le violaron su derecho a la libertad al señor rector de la Universidad Nacional, tanto así, que el pudo salir forzosamente del tumulto de estudiantes que lo rodeaba, y no estuvo en peligro por ello, su vida.

De la atención que le preste el Estado a las importantes peticiones de los estudiantes y la no utilización de éstos de las vías de hecho para lograr sus propósitos, depende gran parte de la estabilidad social en nuestro país.

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sábado, 10 de octubre de 2009

El agro con Uribe es… tumbada segura

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Aunque lo que pasa con “Agro ingreso seguro” es un escándalo sin proporciones, no deja de ser un episodio más en la política económica de este gobierno.

Como ya es normal en este gobierno, los escándalos de corrupción son un pan de cada día, esta vez, el turno le llego a la muy golpeada agricultura de nuestro país.

Todo empezó en el ministerio de agricultura de Andrés Felipe Arias, cuando este crea el programa “Agro Ingreso Seguro”, según él, para reparar y blindar a los agricultores de la posible incursión internacional del TLC a nuestro país (si algún día llega) y reparar en algo el daño que se le ha hecho a los desplazados, lo cual, por obvias razones, resulto ser un agrio chiste. A la postre, nos hemos dado cuenta de la magnitud del “robo legal” que los funcionarios de ese ministerio le dieron al erario publico, y de cómo fue utilizado, tan descaradamente, para pagar favores políticos a los empresarios que apoyaron las candidaturas presidenciales de Uribe en el 2002 y 2006.

Si uno empieza a sintetizar todas las denuncias que han sacado los distintos medios de comunicación, encuentra por ejemplo, lo siguiente: la familia Dávila Voldano, propietaria del grupo DAABON, con amplia tradición empresarial en la costa, le “colaboro” a Uribe en su primera elección con $2.500.000 y dos de sus empresas, CI Samaria y CI Tequendama, financiaron la recolección de firmas del referendo cada una con $15.000.000. A cambio, Juan Manuel Dávila Jimeno recibió 445 millones de pesos y por medio de su empresa Agroindustrias JMD y CIA otros 442 millones, las empresas inicialmente nombradas recibieron cada una mil millones de pesos.

Pero Manuel Dávila fue mas allá, arrendó sus tierras a cada uno de los integrantes de su familia, de tal modo que cada uno solicitara un subsidio de manera independiente, así, su esposa María Clara recibió otros 440 millones, su hijo Juan Manuel 435 millones y su hija Ana María 448 millones. Incluso, la esposa de su hijo, la tan conocida ex reina de belleza Valerie Domínguez, recibió en arriendo 110 hectáreas de la finca La Faena por la que recibió un subsidio de 306 millones de pesos, como quien dice solo falto el perrito de la familia.

Otros “beneficiarios” fueron Jarol Abadía, quien dio $1.000.000 a la campaña de Uribe en el 2002 y recibió 123 millones de pesos de subsidio, la familia Lacouture dio a esa campaña $3.000.000, y ha recibido una suma de alrededor de los 5 mil millones de pesos, claro esta, utilizando la estrategia de los Dávila, fraccionando tierras entre todos los integrantes de la familia. También se encuentra Silvestre Dongón quien recibió 447 millones de pesos, y la familia Vives (conocida por los supuestos y famosos nexos de Luis Eduardo Vives con los paramilitares) que ha recibido la exorbitante suma de 13 mil millones de pesos.

Pero, en ultimas, lo que mas preocupa es el nivel de concentración y desigualdad que se presento en el programa, por ejemplo, solo en la costa, el 80% de todos los subsidios fueron a parar a manos de cuatro familias, mientras el 20% restante a 150 campesinos, que en muchos casos no eran subsidios sino meros créditos.

El problema de fondo

Aunque el presidente Álvaro Uribe ya manifestó su rechazo a lo acontecido con Agro Ingreso Seguro y, como a Samper con el proceso 8000, alego que todo ocurrió sin el conocimiento pleno de él sobre el asunto, existe en este gobierno una clara política neoliberal, por la cual se beneficia a los más poderosos del país, mientras se crean mas impuestos para los pobres.

Según la tesis del gobierno, mientras mas beneficios se les de a los mas ricos y a la inversión extranjera, estos tendrán mas capital, con lo cual será necesario la contratación de mas empleados, elemental, a los ojos de quien necesita la complacencia de ellos para mantenerse en el poder.

Pero la verdad es otra, después de siete años de gobierno, de escándalos como este de Agro Ingreso Seguro o como el de Carimagua, la desigualdad en Colombia no ha terminado por la simple confianza inversionista ni por el hecho de darles mas beneficios tributarios a los mas ricos del país, ¡no!, tampoco ha terminado por alargar cada vez mas la edad para pensionarse, ni por quitarle mas beneficios a los trabajadores que ganan el mínimo en nuestro país. Por el contrario, en siete años de gobierno, dentro de los cuales el país alcanzo a tener un crecimiento económico del 7% (que solo vieron los bancos, los grandes grupos económicos y las multinacionales), el país, según datos de la ONU, no ha reducido su nivel de pobreza y se mantienen en un 60%, ¡mas de la mitad de la población¡, y un 20% esta en la línea de pobreza absoluta, es decir, un poco menos de diez millones de colombianos que viven con menos de un dólar al día.

Decir que el gobierno debería replantear su modelo económico y empezarle a dar mas beneficios a los menos favorecidos no quiere decir que uno es parte de las FARC, o es comunista (tampoco seria la salida correcta) o legitimador del terrorismo, significa, simplemente, que las cifras hablan por si solas y los hechos cada vez mas me dan la razón, así, por el espejismo que ronda a una importante porción de la sociedad colombiana mi visión no sea tan popular.

Hay mi Colombia, cuando despiertes de esta anestesia te estrellaras con una fea realidad…
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